En mi opinión el reciente voto de la Sala Constitucional con respecto a la situación del proyecto minero "Crucitas" expone ciertas aristas que merecen ser analizadas por separado. Me gusta mucho que este tema ponga a los ciudadanos en una situación incómoda: la de la carencia de un "absoluto" con el cual matricularse.
Está la materia ambiental, la materia legal, la materia de la opinión pública, la cosa política, y cada una observa desde una óptica diferente el proyecto minero conduciendo a posturas encontradas, como queriendo decir que a la vez se vale y no se vale lo que Crucitas quiere hacer. Así lo veo yo:
Por lo constitucional. No soy abogado pero creo que puedo elaborar alguillo que a lo mejor puede contener algunas equivocaciones técnicas. Pues bien, cuando se presenta un recurso de amparo, el propósito de la acción es obtener de parte de los magistrados constitucionales un criterio constitucional, que indique si aquello que se recusa es objetable o no desde el punto de vista de esa rama de las Leyes.
Para la opinión pública, la Sala IV costarricense se ha convertido en un órgano cuasi-legislativo y se ha perdido de vista el propósito legítimo o bien original. Si la Sala IV vota un recurso de amparo en una u otra dirección, se toma dicho voto como una nueva ley de amplio espectro, y se deja de lado que estos votos son específicos del recurso presentado en lo que comporta su trasfondo constitucional. Un abogado con mayor habilidad puede presentar un nuevo recurso del mismo tema y a lo mejor ese nuevo recurso puede resultar en un voto que, por el fondo, podría interpretarse que se opone al recurso original.
Con esto quiero decir que ante el voto de la Sala IV sobre la mina de oro en San Carlos, sólo queda decir que esto es sólo un peldaño del pleito legal que los opositores de la mina están dando. Deben esperar al voto completo, desarmarlo y a partir de ahí seguir la cuestion. Por el momento, los magistrados no han encontrado desde el punto de vista constitucional -- lo cual es su trabajo -- objeciones al proyecto minero; para ellos puede hacerse. Sin embargo, un voto de la Sala IV no es, contrario a lo que se piensa, una "última palabra" ante la cual no hay nada que hacer.
Por lo político. Nuestro Presidente saliente incurre en una aparente incoherencia. Supuestamente es defensor de los propósitos ecologistas de la nación, sin embargo está a favor de la minería de cielo abierto. Personalmente no entiendo ese raro raciocinio, pero observo a partir de los hechos que para OAS la preservación ambiental es una prioridad de segundo orden.
Para él, no se puede anteponer la preservación ambiental a la generación de empleos en aquella zona tan alejada del Valle Central. En cierta medida estoy de acuerdo con el Presidente: desde San José -- en mi caso Alajuela -- desconocemos la realidad socioeconómica de los pobladores, sin embargo nos metemos a opinar cómo debería determinarse su salida de la pobreza, ¡típico! El Presidente, como debe pensar en todos, toma una decisión simple: se abre una oportunidad de generar empleos, ¿por qué no aprovecharla?
Otro punto al que debemos tenerle cuidado es la conveniente idea que defiende el Presidente del "debido respeto" a la Corte Suprema de Justicia. En una democracia, todo ciudadano tiene derecho de expresar sus opiniones y de cuestionar las opiniones de los otros. Siguiendo la lógica presidencial, los criterios emanados del Poder Judicial son absolutos. Me disculpará OAS: se equivoca.
Un tercer punto político es la inminencia de Laura, Presidenta. A como lo entendí yo en campaña, públicamente se comprometió a someter este proyecto a una revisión tal que terminará agotando la paciencia de los inversionistas, para quienes después de todo los menos de US$300 millones que pretenden ganar no debería ser tanto dinero.
Aunque no veo a Laura asumiendo una posición de prohibición ejecutiva de la mina, tiene la debida responsabilidad política de hacer lo que esté a su alcance para detener la mina, algo con lo que se comprometió y que debería facilitársele estando sentada en la silla de Zapote. Lo cual es parecido a decir: lo que diga OAS a estas alturas ya no tiene mucho sentido.
Por lo ambiental. Poco tengo que decir. Considero una incoherencia que seamos un país reputadamente ecologista... que a la vez favorezca la minería a cielo abierto. Desafortunadamente, me da la impresión de que en términos de legislación estamos un poco flojos; la legislación no ayuda mucho a resolver esa incoherencia. Si contáramos con legislación suficientemente restrictiva y fuerte, a lo mejor esto de Crucitas no se hubiera dado, ni la Sala IV hubiera votado de la manera en que lo hizo, ni el AyA le daría largas al tema de los acueductos de aguas negras.
Opinión pública. Nos cuesta mucho hacer análisis diferenciado y tomamos todo como absolutos. Tomamos un voto constitucional como una manifestación pública de opinión de los magistrados cuando no es así. Tomamos los argumentos de los ecologistas a ultranza como absolutamente verdaderos cuando a lo mejor, tampoco es así. Creemos que la nueva Presidenta debería brincarse todos los debidos procesos y prohibir la mina inmediatamente cuando tampoco va a ser así. Creemos que un voto constitucional es una "última palabra" in-criticable y no es así.
Las cosas funcionan como funcionan y el principal asidero debería ser el Estado de Derecho. Utilícense los instrumentos a mano para defender las causas de los bandos involucrados. Pueden seguirse nuevos procesos legales que frenen la mina; puede hacerse un mejor manejo de información pública para convencer que la mina es buena o mala. Puede mejorarse el nivel racional de los ciudadanos de manera que estos entiendan que a veces las cosas se oponen a sí mismas y que dependemos de numerosos lentes para poder observar el conjunto de las situaciones.
